LOS ALCALDES DE LA UNIDAD A LOS VENEZOLANOS 1. El mandato de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 4°, es claro: "La
República... es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados
por esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial,
cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabildad".
2. En ese marco, el cual respetamos, El municipio venezolano, tal como lo
establece el artículo 168° de la Constitución, es la unidad política primaria
de la organización nacional, con personalidad jurídica y autonomía. Esa
autonomía comprende: a. La elección de sus autoridades, la gestión de las
materias de su competencia y la creación, recaudación e inversión de sus
ingresos.
3. Para ello, el municipio venezolano, en su artículo 178° de la Constitución,
tiene claramente establecidas sus competencias, estableciéndose que "es de
la competencias del Municipio el gobierno administración de sus intereses y la
gestión de las materias que le asigne la Constitución y las leyes nacionales, en
cuanto concierne a la vida local..."
4. Es claro el mandato de la Constitución. Y hay que acatarlo. Nosotros, los
Alcaldes electos por la mayoría del voto popular, estamos dispuestos a
cumplirla, como siempre lo hemos hecho. Para ello, nos sometemos a los
principios de integridad territorial,, cooperación, solidaridad, concurrencia y
corresponsabilidad antes mencionados, pero en el marco del respeto a la
autonomía municipal que establece la Constitución y que estamos resueltos a
defender, sobre todo por la población que nos eligió que reclama la solución de
los grandes problemas que le aqueja.
5. Estamos ganados a la cooperación con los distintos niveles de gobierno;
nunca nos hemos negado, pero en el marco del respeto a la esfera de competencia
de cada poder. Para tales efectos solicitamos se conforme una Comisión de
Alcaldes que sirva de intermediaria tanto para profundizar el diálogo como para
articular una agenda de trabajo que permita alcanzar los objetivos que nos son
comunes.
6. La Constitución no habla de la imposición de los Planes de Gobierno Nacional
a los demás poderes. La Constitución habla de coordinación y cooperación. Si el
Poder Nacional tiene su Plan, los Municipios también tienen los suyos. Cada uno
de nosotros presentó un Plan de Gobierno ante el electorado. El pueblo nos
eligió para que cumplamos con nuestra palabra empeñada en esos Planes. Y así lo
haremos. En todo caso el plan que nos une es la Constitución Nacional.
Nosotros no estamos al servicio de una ideología. Estamos al servicio del
pueblo. Por ello, el Gobierno Nacional no puede pretender imponernos un
"Plan de la Patria" que declara el sometimiento a una ideología en
particular y que no está establecido en nuestra Carta Magna. Nosotros fuimos
electos para contribuir con la solución de los problemas de la gente, sobre
todo de la más humilde. Fuimos electos para promover la participación ciudadana
y hacer del ciudadano el centro de nuestras preocupaciones. Hemos venido a
dialogar en pro de la unión de todos los venezolanos.
7. Los Municipios necesitan contar con sus recursos y competencias. Exigimos
que se respeten los mismos, así como declaramos aspiramos desarrollar,
coordinadamente, la concurrencia de nuestros servicios con el Poder Nacional.
Eso significa que vamos a luchar por los recursos que son de los Municipios,
constitucionalmente establecidos y exigimos al Poder Nacional que los respete.
El Gobierno Nacional no puede andar quitándole activos a los Municipios que son
propios de sus competencias y que por Ley les pertenece. Ya le quitaron el
Parque Recreacional Sur, Teatro Municipal y la Plaza de Toros del municipio
Valencia; también el Parque Macuto de Barquisimeto del municipio Irribarren.
¿Qué más van a hacer? Si queremos coordinación con respeto, el Gobierno nacional
debe comenzar respetando lo que le pertenece a los Municipios. No es ética y
políticamente hablando, la instalación de gobiernos paralelos a las autoridades
legítimamente elegidas el pasado 8 de diciembre.
8. En ese sentido, el Ejecutivo Nacional ha venido utilizando un método
pernicioso para calcular los recursos de los Estados y Municipios. Desde el año
2005, se calcula el Presupuesto Nacional con base en premisas que no son
verdaderas: se estima el precio de barril de petróleo muy por debajo de su valor
real. De esta manera, ese Presupuesto nos asigna unos recursos muy por debajo
de lo que nos corresponde. El Poder Nacional rompe con el principio de la
"Equidad Interterritorial", pues utiliza créditos adicionales que
discrimina a unos y beneficia a otros. Así, por ejemplo, mientras el
crecimiento de las asignaciones al Municipio Libertador del Distrito Capital
fue del 107% en el año 2012, el del Municipio Baruta fue del 13,52%; en el caso
del municipio Atures del estado Amazonas donde habitan el 75% de la población
del estado el FCI del mismo está calculado en un monto de 34.243.446Bs mientras
el Alto Orinoco con el 8,6% de los habitantes de la misma entidad es de
44.753.752Bs para el 2014 ¿Cómo se explica esta discriminación? Esto no puede
continuar si queremos una coordinación sincera.
9. ¡Ya basta de odios! Queremos ejercer nuestras magistraturas inspirados en la
unidad de todos los venezolanos a los que nos debemos, por eso estimamos que es
hora de detener la escalada divisionista de nuestra Nación.
Dialogar no es claudicar. Estamos aquí con la mejor buena voluntad para
desarrollar un diálogo crítico, sin poses, sin hipocresías, y sin condiciones
que limiten el ejercicio democrático y digno de nuestra vocería. Hay que
reconocer que el país vive una delicada crisis política, económica y social que
pone en riesgo la paz de todas las familias venezolanas. Por eso la
gobernabilidad es un requisito esencial para conjurar sobre la marcha todos
estos factores que perturban la tranquilidad de los venezolanos. La inflación,
el desabastecimiento, la devaluación de nuestra moneda, la crisis de los
servicios públicos y la inseguridad son hechos ciertos que no se pueden dejar
de reconocer.
Más allá de los problemas de los municipios aquí referidos, no debemos olvidarnos
de algunos venezolanos privados de su libertad o extrañados de la Patria por
razones políticas, algunos de ellos convalecientes de graves enfermedades. En
nombre de la justicia y de los derechos humanos solicitamos una Ley de Amnistía
para beneficiar a los compatriotas que experimentan estas circunstancias y
también para beneficio de un país que clama convivencia.
10. Ofrecemos nuestros mejores esfuerzos para cooperar con el Gobierno Nacional
en el marco de respeto mutuo y, sobre todo, del respeto a la Constitución. Si
así fuera, se podrá llevar adelante una gestión armónica.
Pero sin imposición de ideología que trasgredan los principios
constitucionales. Nosotros, alcaldes electos legítimamente por el pueblo, no
renunciaremos a la defensa del reclamo de las mayorías. Trabajaremos
incansablemente por la solución de los problemas de la gente y por la
democracia plena en nuestros municipios.
Editor: Teólogo-Informático Roberto Romero
Prensa Digital Notic Voz el Cajigalense; Yaguaraparo, Municipio Cajigal, Estado Sucre, Venezuela.
Dirección Internet: http://robertoromeropereira.blogspot.com/
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