Caracas, 23 oct (EFE).- Los 185 extrabajadores de
la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) sometidos a procesos administrativos
con multas millonarias por daños al patrimonio fiscal durante el paro petrolero
de 2002 "son perseguidos políticos", denunció hoy su defensa.
El abogado de algunos de ellos y presidente de la
ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, dijo a Efe que el proceso que lleva
la Contraloría es en realidad "de persecución administrativa que puede dar
paso a una persecución penal".
"Todo esto es parte de una persecución
política", advirtió.
Entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, una
huelga impulsada por la oposición para presionar al presidente Hugo Chávez a
renunciar prácticamente paralizó la petrolera y derivó en el despido de la
mayor parte de la directiva de PDVSA y de cerca de 20.000 empleados.
El Gobierno del presidente Hugo Chávez ha calculado
en 19.000 millones de dólares las pérdidas que produjo el paro, y, según el
abogado y activista, "lo pretenden dividir entre los 185 acusados, con lo
cual cada uno debería pagar más de 100 millones de dólares, cifra exagerada,
absurda a todas luces".
Romero recordó que el proceso comenzó en 2006,
cuatro años después del paro petrolero, la expresión más radical de la huelga
general que durante 63 días mantuvo la oposición en busca de la renuncia de
Chávez, y que desde el pasado jueves "ha emitido unas 15 decisiones
administrativas diariamente".
La primera de las sanciones se conoció el pasado 18
de octubre y afectó a once de los 185 extrabajadores.
Se prevé que "esta acusación administrativa de
primer nivel, de primer grado, concluya en unas dos semanas", añadió
Romero.
Explicó que antes de mediados de noviembre próximo
"la Contraloría publicará el acto con todas las sanciones y de ahí la
defensa de cada uno procederá con apelaciones ante la misma Contraloría o
pedirán la actuación de la Corte de lo Contencioso Administrativo o del
Tribunal Supremo de Justicia".
Dijo que aún no ha decidido cómo actuarán en
defensa de los 18 extrabajadores de PDVSA a los que representa.
El abogado Gonzalo Himiob, socio de Romero y
asimismo parte de la misma ONG, indicó a Efe el jueves pasado que en caso de
que los extrabajadores que se encuentran fuera del país no paguen las
millonarias multas "podrían intentarse acciones de recuperación contra los
bienes que tengan en Venezuela".
El presidente de PDVSA y ministro de Petróleo y
Minería, Rafael Ramírez, dijo a mediados de 2005, antes de que la Contraloría
comenzara el proceso contra los 185 acusados, que el paro petrolero fue
"un crimen contra el pueblo venezolano".
La plantilla de PDVSA de entonces bordeaba los
40.000 empleados, de los cuales cerca de 20.000 fueron despedidos por secundar
la huelga, entre ellos los 185 que fueron cesados personalmente por Chávez,
quien en una alocución televisada se valió de un pito de árbitro para
expulsarlos de la estatal tras pronunciar el nombre de cada uno de ellos. EFE
Fuente.
Editor: Teólogo-Informático Roberto Romero Prensa Digital Notic Voz el Cajigalense; Yaguaraparo, Municipio Cajigal, Estado Sucre, Venezuela. Dirección Internet: http://robertoromeropereira.blogspot.com/
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